Nueva violación de los derechos de los pueblos originarios en Formosa

En la Comunidad Qom de Riacho de Oro (Formosa) se  está perpetrando una flagrante violación de los derechos del pueblo qom.

El Defensor del Pueblo de Formosa está iniciando acciones legales contra el reclamo de la comunidad en defensa de su derecho a la educación.

El año pasado no se realizaron egresos de la escuela secundaria Nº 295 debido a que no se dictaron 5 de las 13 materias del 6º año  a causa de la ausencia del docente a cargo de las mismas, quien a pesar de estar nombrado con 34 horas semanales no concurrió nunca a trabajar, apañado por las autoridades escolásticas. En esta escuela el 90% de los estudiantes son chicas y chicos qom.

La comunidad se movilizó en todas las formas posibles para resolver la situación, desde la presentación de notas y conversaciones con las autoridades hasta la toma de la escuela pidiendo que se garantizara el  egreso  de los estudiantes. Por último llevaron la inquietud al Inadi y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, sin recibir respuesta satisfactoria alguna.

Ahora el Defensor del Pueblo de Formosa, en lugar de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes estudiantes, acaba de peticionar al Ministerio de Cultura y Educación y al ICA, los antecedentes necesarios para iniciar acciones judiciales contra Valentín Suárez, cacique de la Comunidad y contra un grupo de integrantes de la misma.

En apoyo de esta acción  totalmente ilegítima, se cuestiona también la representatividad de Valentín Suárez, siendo que el mismo ha sido electo regularmente por su comunidad, con el argumento de que “el cacicazgo no está sujeto a elecciones periódicas por ser una figura vitalicia y ancestral de la costumbre aborigen”.  Este tipo de argumentación, utilizada en distintas oportunidades por el gobierno de Formosa y también a lo largo de todo el territorio nacional,   apunta a dividir a las comunidades con el apoyo de algunos punteros políticos que se prestan a esta manipulación, lo cual atenta contra los legítimos intereses de las poblaciones aborígenes.

Denunciamos la discriminación y la impunidad del gobierno de Formosa y la inacción de las autoridades nacionales involucradas.

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